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Una importante señal de transparencia en la gestión pública dio la Municipalidad de Putre, al suscribir un convenio de colaboración con la Contraloría Regional de la República, que permitirá la revisión previa de la juricidad de diversos contratos que habitualmente debe contraer el municipio con terceros.
El acto se realizó en Putre y en la firma participaron la contralora regional Jacqueline del Valle y la alcaldesa Maricel Gutiérrez. Se sumaron también los concejales Juan Muñoz, Jeannette Huanca, Javier Tito, Edie Zegarra, y Herman Gutiérrez.
La jefa comunal agradeció a la contralora por acceder a este convenio, “ya que nuestra administración justamente tiene como principio la transparencia. Agradecemos todo el apoyo que nos dará la Contraloría a la gestión de los contratos que debemos hacer. De esta manera recibiremos orientaciones para no equivocarnos y realizar una gestión impecable como comprometimos desde que llegamos al municipio”.
Si bien los actos de los municipios no están sujetos a la obligación de toma de razón de la Contraloría, a través de este convenio la Municipalidad de Putre accedió voluntariamente a que el organismo fiscalizador pueda revisar los contratos en forma previa, específicamente los que publica en el portal www.mercadopublico.cl o los que suscribe directamente.
Dentro de las materias que someterá a esta revisión, figuran los servicios de transporte, recolección o disposición de residuos domiciliarios y de ferias libres o barrido de calles; recambio, mantenimiento, rediseño, reposición y mejoramiento de áreas verdes o luminarias que superen las 2.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); apertura o mantenimiento de cuentas corrientes y contratación de servicios relacionados con el giro bancario; concesión para la construcción de estacionamientos subterráneos y de superficie y de explotación de los mismos que superen las 2.500 UTM.
También tendrán este control legal previo, los servicios de provisión, operación y mantenimiento de equipos y software computacionales por montos superiores a 2.500 UTM; y el diseño, mantenimiento, reparación, construcción y remodelación de obras públicas, con inversiones superiores a las 2.500 UTM.
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