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Su respaldo entregó la alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, a la Comunidad Indígena Aymara de Chucuruma en sus gestiones para lograr la restitución del predio de 8.711 hectáreas, que el Ministerio de Bienes Nacionales cedió el año pasado al Ejército de Chile en Pampa Campanani, para realizar prácticas de artillería en las cercanías del poblado de Socoroma.
A un mes del fallo de la Corte Suprema, que limitó el uso de este predio sólo a zonas donde no existan vestigios arqueológicos, la jefa comunal junto a los dirigentes de la comunidad afectada, participaron en una reunión con la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Karla Villagra, representantes del Ejército y del Consejo de Monumentos Nacionales.
La autoridad edilicia señaló que “el objetivo de este encuentro fue reiterar la petición de que deben reintegrar los terrenos a la comunidad para su uso comunitario, porque las comunidades deben ser autónomas en sus decisiones. Esta petición no va contra el Ejército, sino es una demanda para aplicación de un criterio que reconozca estas tierras como indígenas. Esperamos que Bienes Nacionales busque un sitio alternativo para las prácticas del Ejército, dado que se ve incompatible usarlas para prácticas de artillería si hay vestigios arqueológicos como lo confirma un informe del Consejo de Monumentos Nacionales”.
La jefa comunal señaló que, desde que se produjo esta controversia con la dictación del Decreto Exento Nº 215 de 5 de julio de 2017 del Ministerio de Bienes Nacionales, “he estado acompañando a la comunidad, apoyando cada gestión ante las autoridades, con el fin de que se derogue esta destinación. Ahora tendremos en un mes más otra reunión de seguimiento, por lo que esperamos ver una voluntad política concreta del Gobierno de derogar el decreto. La comunidad no está dispuesta a estar eternamente en mesas de trabajo donde no se llegue a nada”.
Asimismo, la autoridad confirmó que el viernes pasado, durante la visita que realizó el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward a Arica, la concejala Jeannette Huanca y el consejero regional Diego Paco junto a representantes de la Comunidad Indígena Chucuruma, entregaron una carta con esta misma solicitud.
Compromiso ministro
En tanto, el ministro Felipe Ward confirmó en Arica que su cartera está trabajando en una mesa público-privada para atender de la mejor manera el fallo de la Corte Suprema, que limitó el uso del predio asignado al Ejército durante el Gobierno anterior.
“Se pueden hacer compatibles los usos. Uno puede entregar un terreno en concesión o destinación un terreno, siempre y cuando la persona que lo reciba, se comprometa a resguardar ese patrimonio arqueológico en la práctica. Si eso no ocurre en la práctica, se pone fin a ese acto administrativo que lo concedió”, afirmó el secretario de Estado.
Asimismo, dijo “presupuestos más o presupuestos menos, aquí hay un fallo que cumplir, es parte de la ley y nosotros vamos a cumplir con el fallo”.
También el ministro planteó que derogar el decreto que asignó el predio de Socoroma “es una alternativa, pero si el Ejército está en condiciones de ocupar ese terreno resguardando el patrimonio que existe allí, no tenemos ningún problema con mantener esa destinación. Si no están en condiciones de hacer eso y de dar garantías de que eso va a ser así, hay que pensar en otro terreno”.
El 9 de julio pasado, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogiendo el recurso de protección de la Comunidad Indígena de Chucuruma en contra del Decreto N°215 que asignó dos predios del sector Pampa Campanani, para prácticas de artillería del Ejército.
El máximo tribunal dispuso una suspensión momentánea del uso del predio, hasta que “se determinen, adopten e implementen todas las medidas que resulten necesarias para la eficaz protección de los restos arqueológicos hallados y aquellos que puedan hallarse al interior del inmueble fiscal”.
Para ello, consideró el Informe Arqueológico denominado “Componente Arqueológico en Predio Militar, Pampa Campanani, Comuna de Arica” del 10 de octubre de 2017, emanado de Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). El documento elaborado con posterioridad a la dictación del decreto, indica que existe “un alerón con ocupación humana asociables a cazadores y pastores, caminos troperos que forman parte de una ruta de tráfico regional prehispánico y posthispánico, y ruinas de un campamento minero que estuvo en funcionamiento en tiempos posthispánicos”.
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